Tiempo de elecciones: tiempo para pensar
El 31 de marzo pasado, el ex-presidente R. Alfonsín fallecía, liberando una insospechada corriente de sentimientos, con algo de nostalgia por las emociones que despertaba el retorno de la democracia en 1983... Más allá de los adjetivos vertidos en torno a la figura del primer presidente del actual período constitucional (algo escondidos antes de su muerte, algo exagerados después de la misma), es indudable que la ciudadanía en general extraña la capacidad de ilusionarse con sus dirigentes, de confiar en sus instituciones, ...de sentirse movilizada y “con-vocada” políticamente, en definitiva.
Del entusiasmo de cientos de miles de ciudadanos a comienzos de los ´80s, la sociedad ha visto cómo se pasaba a un voto movido por conveniencias meramente económicas y/o personales, hasta llegar a comicios cargados de burla, de fastidio, de desinterés por parte de los votantes y de las autoridades designadas... o maniobras en la que los elegidos rápidamente renuncian al mandato jurado solemnemente, hasta el punto en que declaran el carácter “testimonial” de sus candidaturas, anticipando que ni llegarían a asumir siquiera... Todos estos síntomas revelan, y provocan, un desgaste de las instituciones y el descrédito de las mismas.
Sin embargo, la importancia de las elecciones y de las instituciones políticas en general, y del Congreso, en particular, quedó demostrada el año pasado en la definición singularmente dramática y “no positiva” en torno a las retenciones móviles a las exportaciones que fijaba la resolución 125. En consecuencia, es importante reflexionar y hacer reflexionar sobre la trascendencia de los comicios que caracterizan a las democracias representativas, para que cada voto sea hecho en conciencia y en libertad, superando la mera preferencia individual (como si el cuarto oscuro fuese la góndola de un “mercado electoral”), con perspectivas más amplias, en cuanto a los tiempos que se consideran y los alcances sociales de las propias decisiones.
Recordemos brevemente lo que indica la Constitución Nacional: El Poder Legislativo Nacional es ejercido por un Congreso compuesto de dos cámaras: la de Diputados, que representan proporcionalmente a la población de la Nación y el Senado, que representa a los Estados subnacionales, es decir, las 23 provincias y la ciudad de Bs.As. La cámara de 257 diputados, cuyo mandato dura cuatro años, renueva por mitades a los representantes de las jurisdicciones cada dos años, asignando bancas según un sistema de representación proporcional (el conocido como “D´hont”). En el Senado, cada dos años, ocho jurisdicciones renuevan sus representantes, durando sus mandatos seis años (En 2009, elegirán Senadores las provincias de Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán). Son designados 3 Senadores por provincia (incluyendo la Capital Federal), 2 por la lista ganadora y uno por la segunda lista en cantidad de votos.
La función primaria del Poder Legislativo gira sobre la legislación que ordena estructuralmente nuestra vida cotidiana: la presentación de proyectos de leyes, su tratamiento y análisis, su discusión, su aprobación, el control de su cumplimiento, etc. En tanto institución republicana, el Congreso también ejerce límites a la concentración y el abuso de poder por parte de los otros organismos estatales: Presta acuerdo a las declaraciones de guerra, de paz, la adhesión a tratados internacionales, y el nombramiento de jueces. Además, el proceso de remoción de jueces, funcionarios y los mismos legisladores mediante juicio político también está a cargo del Poder Legislativo.
Evidentemente, interpretar las elecciones legislativas apenas como un virtual “plebiscito” o “sondeo de opinión” en torno a la mitad o la finalización de un período presidencial limita fuertemente la importancia señalada del Congreso y conduce a una polaridad irreconciliable en la que las eventuales posiciones de oficialismo u oposición se transforman casi inevitablemente en obsecuencia u obstrucción...
Sin embargo, en nuestro sistema político, es necesario que los legisladores elegidos para ambas cámaras estén atentos al largo plazo, y no sólo a la coyuntura de la gestión concreta que lleva adelante la administración de turno. En este sentido, el Parlamento[1] está llamado a ser un lugar de diálogo, de discusión coherente (y ardua también, si hiciese falta!), de consenso, con el fin de escrutar políticamente los “signos de los tiempos” y mirar más allá de lo inmediato y las influencias de los factores de poder y los grupos de presión.
Hay reclamos que vienen haciéndose lugar hace tiempo entre nosotros: la aceptación de las múltiples expresiones culturales, la problemática del medio ambiente vapuleado por intensos procesos de extracción de recursos naturales y descarte de residuos, la necesidad imperiosa de afianzar la paz y una convivencia no violenta en la sociedad, la promoción de los sectores postergados (por género, edad, etnia, etc.), el respeto a los consumidores y usuarios... Son todos temas respecto de los cuales los legisladores deberían tener una sensibilidad “histórica”, capaz de interpretar el pasado del pueblo que representan y para cuyo futuro deben proveer legislación adecuada... O las discusiones que continúan pendientes de respuesta efectiva: el rol del Estado en nuestra sociedad como factor de desarrollo y progreso, una reforma tributaria que favorezca una mayor redistribución de los recursos (considerando los escasos ingresos de los más pobres), el funcionamiento de los partidos políticos y los mecanismos electorales, las necesidades postergadas en salud, comunicación, educación, etc...
En consecuencia, debemos preguntarnos ¿Qué Congreso nos hará entrar como Nación en la senda de nuestro Bicentenario (2010 – 2016)? Los ciudadanos debemos exigir a nuestros candidatos cierta definición ideológica, de “agenda de prioridades” y de propuestas legislativas... Y nos “debemos” a nosotros mismos elegir gente que vuelva efectivamente “honorables” a la cámara de Diputados y el Senado: no por extracción social o condición económica de los candidatos, ni siquiera por la mera honestidad de “no haber robado”, sino por “autoridad moral”, capacidad teórica, suficiencia técnica, méritos notables, trayectoria y/o reconocimiento en el servicio al bien común y a la sociedad civil de la que emana el poder político.
Agreguemos algunos criterios elementales que pueden guiar el discernimiento ciudadano en torno a los candidatos:
- Honestidad personal, no como “cumbre” ética, sino como “piso” elemental de quien debe liderar y dar testimonio. Un sentido básico de esperanza, de optimismo, que permita rescatar los aspectos positivos de la sociedad para seguir construyendo una mejor realidad.
- Adhesión a los Derechos Humanos y a la centralidad de la persona humana integralmente considerada. Respeto por la vida (desde su concepción)... y, en consecuencia, un compromiso coherente con la misma más allá del parto.
- Promoción de la familia. El apoyo a la educación como elemento fundamental de desarrollo personal y progreso social y económico.
- Afianzar el trabajo como elemento generador de riqueza y distribuidor del ingreso. Implementar políticas agropecuarias e industriales para el desarrollo económico armónico, equilibrado y sustentable.
- Búsqueda de inclusión, cohesión y movilidad social. Promoción de los más pobres, favoreciendo su liberación de las múltiples limitaciones que padecen.
- Compromiso con la memoria, la verdad y la justicia (muy “largamente esperada”). Búsqueda de la pacificación, la reconciliación y el diálogo.
- Capacidad de pensar y contribuir en políticas de Estado, que trasciendan las consignas partidarias y los intereses particulares de grupos determinados.
- Preocupación por el bien común, como finalidad de los procesos políticos. Construcción de ciudadanía responsable, atenta a la “cosa pública”, consciente de sus derechos y cumplidora de sus deberes.
- Voluntad de mejorar el sistema político y la calidad de la democracia. Respeto por las instituciones republicanas, el Estado y las organizaciones de la sociedad. Criterio federal y atención a las realidades provinciales.
- Profundización de la integración con los países de la región, reforzando los lazos históricos, culturales, sociales y económicos que nos unen.
La seriedad de las decisiones electorales se fundamenta en un compromiso ciudadano habitual, incorporado, consciente de la dimensión política que todos compartimos. Este compromiso ciudadano no debe limitarse al momento de los comicios, como autoridad de mesa o simple elector, sino que debe extenderse en la vida cotidiana, controlando a nuestros representantes y funcionarios, exigiendo el respeto de nuestros derechos y procurando cumplir nuestros deberes y responsabilidades de la mejor manera posible.
J. Rafael Tesoro
[1] La palabra “Parlamento” está tomada en un sentido amplio, ya que en nuestro sistema “presidencialista” tenemos un Presidente electo popularmente al frente del Estado, del gobierno y de la administración pública, con el Congreso de dos Cámaras como poder claramente separado. En sentido estricto, en los sistemas “parlamentaristas”, el “Parlamento” designa a uno de sus miembros como “Primer Ministro” al frente de la jefatura del gobierno y de la administración pública, pudiendo ser removido mediante un simple “voto de censura”, y la Jefatura del Estado queda a cargo de un Presidente electo popularmente o de un Monarca.
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