domingo, 12 de julio de 2009

Democracia, República, Federalismo

Democracia, República, Federalismo...

En estos días en que la carrera electoral se acelera y toman más velocidad las declaraciones, los ataques y las propuestas, tuve la ocurrencia de leer la Constitución Nacional y detenerme en su primer artículo, ése que dice que “...La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana y federal, según lo establece la presente Constitución...”. Me llamaron una vez más la atención las tres notas con que distingue nuestro régimen de gobierno...

Democracia es más que “votocracia”

Es sabido que la palabra democracia proviene de los griegos: por etimología (“demos” significaba pueblo, y “kratos”, poder), y por experiencia histórica, ya que en la Atenas del siglo V a.C. germinó una experiencia novedosa de debate, argumentación y decisión compartida, en medio de un ambiente rico de artes, cultura, filosofía y educación. En definitiva, una democracia directa[1]. Cabe señalar (como una crítica no menor) el carácter “acotado” de esta experiencia: acotado geográficamente a la ciudad-estado (“polis”, de aquí viene la palabra “política”), y acotado socialmente, ya que no cualquiera podía participar libremente de la asamblea o ecclesia(de aquí proviene el término “Iglesia”): Había que ser un ciudadano libre, varón, ateniense, mayor de 20 años.

Con el moderno fenómeno de las sociedades de masas, surge la democracia indirecta, cuyo componente esencial pasa por la “representatividad”. El cumplimiento formal del voto (caracterizado mayormente por ser igual, universal, periódico, no siempre por ser secreto y obligatorio), permite caracterizar a una “forma” de gobierno como democrática.

Sin embargo, la democracia sustantiva, como régimen político integral, es bastante más que lo ya mencionado. De hecho, el término “democracia” recién es mencionado tímidamente en la Constitución a partir del año 1949, y sólo desde 1994 toma mayor peso constitucional. En la última reforma de la Carta magna, se introducen dos mecanismos de democracia participativa o semi-directa: la iniciativa popular (para presentar proyectos de ley) y la consulta popular (vinculante o no vinculante). La Ciudad de Buenos Aires, incluso, incorpora un tercer mecanismo, la revocatoria popular del funcionario electo.

La democracia política debe llegar a conformar un “estilo” de gobierno, que sea tolerante y pluralista.

La democracia también debe ser social, en el sentido de que se permitan y se fomenten las asociaciones intermedias, de que se respete la democracia interna de cada organización social.

Finalmente, la democracia política reclama cierta democracia económica, entendida como un reparto igualitario de la riqueza, una distribución equitativa del ingreso, etc.

República es más que “división de poderes”

También es sabido que la “república” viene de la antigua Roma, antes de que llegase a ser imperial, cuando se suprimieron los privilegios y las cuestiones políticas dejaron de ser patrimonio del rey y pasaron a ser “cosa pública” (“res publica”). La ausencia de una familia real, y la consiguiente división de poderes (ha habido distintas divisiones posibles, pero la más conocida es la que separa las funciones legislativa, ejecutiva y judicial) ya basta para tildar a un régimen de republicano.

Sin embargo, y nuevamente, no podemos quedarnos sólo con esto. El “espíritu republicano” también reclama una nota de igualdad. Para empezar, igualdad jurídica, es decir, ante la Ley, pero también política, social, cultural, con respeto a todos.

La periodicidad en el ejercicio de los cargos públicos es otro de los criterios que hacen a la república, ya que el ciudadano no debe intentar perpetuarse indefinidamente en el poder, sin ningún tipo de restricciones, a causa de las distorsiones y desequilibrios que terminarían generándose.

La publicidad de los actos de gobierno es una obligación de los funcionarios, no en el sentido de que hagan “propaganda” de su gestión, sino de que, efectivamente, hagan públicas sus decisiones y sometan esa información a consideración del pueblo.

Quizás, una de las mayores ventajas de la república es que permite, mediante un adecuado funcionamiento institucional, buscar metas de progreso y desarrollo (gracias a la sanción de legislación adecuada, la ejecución de políticas adecuadas, controladas por los legisladores y por los ciudadanos, etc.). Es decir, no consiste sólo en garantizar jurídicamente el respeto por las “reglas de juego”.

Federalismo es más que “regionalismo”

En tercer lugar, más allá de la forma de gobierno, el Estado argentino asume una forma federal. Esto significa que, en cuanto a la distribución territorial del poder, presenta varios niveles, lo cual le permitiría, en principio, atender a las necesidades locales más adecuadamente que un estado unitario o un estado regional.

Sin embargo, la estructura planteada por la Constitución permite atender mejor a las problemáticas de conjunto que una confederación de Estados, por ejemplo.

Esto significa, en principio, que una correcta comprensión de estos planteos llevaría a diferenciar qué asuntos deben ser, principalmente, competencia del Estado Nacional (dotado de soberanía), como, por ejemplo, las relaciones internacionales, los problemas relativos a la equidad, al desarrollo social, etc., y qué problemas deben ser, prioritariamente, objeto de estados más “locales” (provincias, municipios) como aquellos relativos a la eficiencia (al estar más “cerca” de las necesidades concretas y conocerlas mejor), al crecimiento económico, etc. Queda claro, obviamente, que igualmente haría falta una adecuada coordinación de los diversos niveles estatales, ya que las responsabilidades señaladas son concurrentes y no excluyentes.

En estos meses de campaña electoral, un compromiso ciudadano es interesarnos y responsabilizarnos por las decisiones que tendremos que tomar en el cuarto oscuro.

Rafael Tesoro

rafaeltesoro@argentina.com

(Para profundizar, ver Carnota, Walter, Instituciones de Derecho Público, La Ley, Bs. As., 2005)



[1] J. Rousseau (y detrás de él, nuestro Mariano Moreno) coincidiría en presentar a la democracia directa como modelo a seguir.

Tiempo de elecciones: tiempo para pensar

El 31 de marzo pasado, el ex-presidente R. Alfonsín fallecía, liberando una insospechada corriente de sentimientos, con algo de nostalgia por las emociones que despertaba el retorno de la democracia en 1983... Más allá de los adjetivos vertidos en torno a la figura del primer presidente del actual período constitucional (algo escondidos antes de su muerte, algo exagerados después de la misma), es indudable que la ciudadanía en general extraña la capacidad de ilusionarse con sus dirigentes, de confiar en sus instituciones, ...de sentirse movilizada y “con-vocada” políticamente, en definitiva.

Del entusiasmo de cientos de miles de ciudadanos a comienzos de los ´80s, la sociedad ha visto cómo se pasaba a un voto movido por conveniencias meramente económicas y/o personales, hasta llegar a comicios cargados de burla, de fastidio, de desinterés por parte de los votantes y de las autoridades designadas... o maniobras en la que los elegidos rápidamente renuncian al mandato jurado solemnemente, hasta el punto en que declaran el carácter “testimonial” de sus candidaturas, anticipando que ni llegarían a asumir siquiera... Todos estos síntomas revelan, y provocan, un desgaste de las instituciones y el descrédito de las mismas.

Sin embargo, la importancia de las elecciones y de las instituciones políticas en general, y del Congreso, en particular, quedó demostrada el año pasado en la definición singularmente dramática y “no positiva” en torno a las retenciones móviles a las exportaciones que fijaba la resolución 125. En consecuencia, es importante reflexionar y hacer reflexionar sobre la trascendencia de los comicios que caracterizan a las democracias representativas, para que cada voto sea hecho en conciencia y en libertad, superando la mera preferencia individual (como si el cuarto oscuro fuese la góndola de un “mercado electoral”), con perspectivas más amplias, en cuanto a los tiempos que se consideran y los alcances sociales de las propias decisiones.

Recordemos brevemente lo que indica la Constitución Nacional: El Poder Legislativo Nacional es ejercido por un Congreso compuesto de dos cámaras: la de Diputados, que representan proporcionalmente a la población de la Nación y el Senado, que representa a los Estados subnacionales, es decir, las 23 provincias y la ciudad de Bs.As. La cámara de 257 diputados, cuyo mandato dura cuatro años, renueva por mitades a los representantes de las jurisdicciones cada dos años, asignando bancas según un sistema de representación proporcional (el conocido como “D´hont”). En el Senado, cada dos años, ocho jurisdicciones renuevan sus representantes, durando sus mandatos seis años (En 2009, elegirán Senadores las provincias de Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán). Son designados 3 Senadores por provincia (incluyendo la Capital Federal), 2 por la lista ganadora y uno por la segunda lista en cantidad de votos.

La función primaria del Poder Legislativo gira sobre la legislación que ordena estructuralmente nuestra vida cotidiana: la presentación de proyectos de leyes, su tratamiento y análisis, su discusión, su aprobación, el control de su cumplimiento, etc. En tanto institución republicana, el Congreso también ejerce límites a la concentración y el abuso de poder por parte de los otros organismos estatales: Presta acuerdo a las declaraciones de guerra, de paz, la adhesión a tratados internacionales, y el nombramiento de jueces. Además, el proceso de remoción de jueces, funcionarios y los mismos legisladores mediante juicio político también está a cargo del Poder Legislativo.

Evidentemente, interpretar las elecciones legislativas apenas como un virtual “plebiscito” o “sondeo de opinión” en torno a la mitad o la finalización de un período presidencial limita fuertemente la importancia señalada del Congreso y conduce a una polaridad irreconciliable en la que las eventuales posiciones de oficialismo u oposición se transforman casi inevitablemente en obsecuencia u obstrucción...

Sin embargo, en nuestro sistema político, es necesario que los legisladores elegidos para ambas cámaras estén atentos al largo plazo, y no sólo a la coyuntura de la gestión concreta que lleva adelante la administración de turno. En este sentido, el Parlamento[1] está llamado a ser un lugar de diálogo, de discusión coherente (y ardua también, si hiciese falta!), de consenso, con el fin de escrutar políticamente los “signos de los tiempos” y mirar más allá de lo inmediato y las influencias de los factores de poder y los grupos de presión.

Hay reclamos que vienen haciéndose lugar hace tiempo entre nosotros: la aceptación de las múltiples expresiones culturales, la problemática del medio ambiente vapuleado por intensos procesos de extracción de recursos naturales y descarte de residuos, la necesidad imperiosa de afianzar la paz y una convivencia no violenta en la sociedad, la promoción de los sectores postergados (por género, edad, etnia, etc.), el respeto a los consumidores y usuarios... Son todos temas respecto de los cuales los legisladores deberían tener una sensibilidad “histórica”, capaz de interpretar el pasado del pueblo que representan y para cuyo futuro deben proveer legislación adecuada... O las discusiones que continúan pendientes de respuesta efectiva: el rol del Estado en nuestra sociedad como factor de desarrollo y progreso, una reforma tributaria que favorezca una mayor redistribución de los recursos (considerando los escasos ingresos de los más pobres), el funcionamiento de los partidos políticos y los mecanismos electorales, las necesidades postergadas en salud, comunicación, educación, etc...

En consecuencia, debemos preguntarnos ¿Qué Congreso nos hará entrar como Nación en la senda de nuestro Bicentenario (2010 – 2016)? Los ciudadanos debemos exigir a nuestros candidatos cierta definición ideológica, de “agenda de prioridades” y de propuestas legislativas... Y nos “debemos” a nosotros mismos elegir gente que vuelva efectivamente “honorables” a la cámara de Diputados y el Senado: no por extracción social o condición económica de los candidatos, ni siquiera por la mera honestidad de “no haber robado”, sino por “autoridad moral”, capacidad teórica, suficiencia técnica, méritos notables, trayectoria y/o reconocimiento en el servicio al bien común y a la sociedad civil de la que emana el poder político.

Agreguemos algunos criterios elementales que pueden guiar el discernimiento ciudadano en torno a los candidatos:

  1. Honestidad personal, no como “cumbre” ética, sino como “piso” elemental de quien debe liderar y dar testimonio. Un sentido básico de esperanza, de optimismo, que permita rescatar los aspectos positivos de la sociedad para seguir construyendo una mejor realidad.
  2. Adhesión a los Derechos Humanos y a la centralidad de la persona humana integralmente considerada. Respeto por la vida (desde su concepción)... y, en consecuencia, un compromiso coherente con la misma más allá del parto.
  3. Promoción de la familia. El apoyo a la educación como elemento fundamental de desarrollo personal y progreso social y económico.
  4. Afianzar el trabajo como elemento generador de riqueza y distribuidor del ingreso. Implementar políticas agropecuarias e industriales para el desarrollo económico armónico, equilibrado y sustentable.
  5. Búsqueda de inclusión, cohesión y movilidad social. Promoción de los más pobres, favoreciendo su liberación de las múltiples limitaciones que padecen.
  6. Compromiso con la memoria, la verdad y la justicia (muy “largamente esperada”). Búsqueda de la pacificación, la reconciliación y el diálogo.
  7. Capacidad de pensar y contribuir en políticas de Estado, que trasciendan las consignas partidarias y los intereses particulares de grupos determinados.
  8. Preocupación por el bien común, como finalidad de los procesos políticos. Construcción de ciudadanía responsable, atenta a la “cosa pública”, consciente de sus derechos y cumplidora de sus deberes.
  9. Voluntad de mejorar el sistema político y la calidad de la democracia. Respeto por las instituciones republicanas, el Estado y las organizaciones de la sociedad. Criterio federal y atención a las realidades provinciales.
  10. Profundización de la integración con los países de la región, reforzando los lazos históricos, culturales, sociales y económicos que nos unen.

La seriedad de las decisiones electorales se fundamenta en un compromiso ciudadano habitual, incorporado, consciente de la dimensión política que todos compartimos. Este compromiso ciudadano no debe limitarse al momento de los comicios, como autoridad de mesa o simple elector, sino que debe extenderse en la vida cotidiana, controlando a nuestros representantes y funcionarios, exigiendo el respeto de nuestros derechos y procurando cumplir nuestros deberes y responsabilidades de la mejor manera posible.

J. Rafael Tesoro

rafaeltesoro@argentina.com




[1] La palabra “Parlamento” está tomada en un sentido amplio, ya que en nuestro sistema “presidencialista” tenemos un Presidente electo popularmente al frente del Estado, del gobierno y de la administración pública, con el Congreso de dos Cámaras como poder claramente separado. En sentido estricto, en los sistemas “parlamentaristas”, el “Parlamento” designa a uno de sus miembros como “Primer Ministro” al frente de la jefatura del gobierno y de la administración pública, pudiendo ser removido mediante un simple “voto de censura”, y la Jefatura del Estado queda a cargo de un Presidente electo popularmente o de un Monarca.

Re-pensando juntos la educación

La actividad educativa suele demandar un gran despliegue en las familias y en las escuelas, y en las urgencias, a veces se pasan por alto algunos aspectos a tener en cuenta, aspectos que, por ser fundamentales, no se presentan explícitamente en cada circunstancia puntual... y, sin embargo, son los que sostienen el quehacer de todos los días.

En primer lugar, es importante que, como educadores (primariamente, me refiero a los docentes, pero, en un sentido amplio, incluyo a los padres, a los responsables políticos de la educación pública y la contención social, etc., etc.), nos preguntemos qué nos pasa a los adultos frente a los jóvenes: ¿Qué nos sucede “emocionalmente”, “pasionalmente”, frente a ellos? ¿Miedo, inseguridad? ¿Censura, desaprobación? ¿Envidia, deseos de revancha por las experiencias personales de cada generación? ¿Simpatía, “complicidad”? ¿Paciencia, tolerancia? ¿Deseos de controlarlos, afirmación de la autoridad por sí misma? ¿“Disponibilidad educativa”, “servicio solidario” (o “solidaridad servicial”, como se prefiera)? ¿Atención, empatía? ¿Cuidado incondicional, exigencia imperativa? ¿Respeto, responsabilidad?

Clarificarnos a nosotros mismos este punto, antes de cualquier proyecto, y “purificar” nuestro deseo e intención, es esencial.

En segundo término, también deben clarificarse nuestras preconcepciones e ideas previas sobre “los jóvenes” (considerados en general y algo abstractamente). La misma práctica educativa reclama partir de una concepción “optimista” del hombre (filosóficamente, puede ser más o menos explícita): “estas personas, estos sujetos... ¡pueden comprenderlo mejor... pueden hacerlo mejor... pueden ser mejores..!!” Y esto nos remite a la conocida etimología: “educar” es “sacar hacia fuera” (“ex-ducere”), permitir que brote aquello “mejor” que ya puede germinar en cada joven.

En este sentido, todo joven sigue siendo “capaz del Bien” (como toda persona, en toda época y circunstancia). Ya el Antiguo Testamento nos enseña que todo hombre ha recibido, en el mismo “barro” de su condición humana, el beso divino, el aliento de Vida (Gn.2,7)...

Concretamente, nuestros jóvenes son particularmente sensibles al valor de la lealtad entre pares, buscan formas de expresarse genuinamente, valoran la sinceridad, el respeto, la libertad, aprecian la vitalidad y la alegría, se sienten “generacionalmente responsables” frente al cuidado ambiental, suelen criticar aquello que perciben sin fundamentos, etc...

La capacidad para detectar estas posibilidades, hacérselas notar a cada joven, orientarlo para su mejor apropiación de sí mismo, de sus posibilidades, de sus fortalezas... Esto es lo que marca la pauta que distingue al educador del simple “enseñante”: una actitud de acompañamiento (nacida de la capacidad de empatía que tiene todo ser humano) que se elige ejercer, aún frente a las dificultades que plantea el proceso de crecimiento y maduración, aún frente a las urgencias y los plazos que nos gustaría cumplir...

En tercer término, es crucial pensar y actuar con un criterio de identidad de los roles y de las instituciones. Por ejemplo, la escuela debe ser un lugar de apropiación y reconstrucción crítica y sistemática de la cultura en la que los jóvenes ya están inmersos y ya aprenden, de la que ya se han formado una idea acerca de su utilidad, en la que ya han seleccionado, recortado y “aprehendido” qué les sirve y qué no (¿No lo hacemos todos habitualmente?).

Lograr que los estudiantes hagan efectivo este “empoderamiento” (que asuman control, dominio y “poder” sobre sus saberes, sus prácticas y sus opciones, en definitiva, encaminándose hacia la autonomía propia del adulto) implica una ruptura con el paradigma clásico del quehacer escolar como una transmisión académica enciclopedista del saber.

Este cambio de enfoque implica una actitud activa de “búsqueda” (superadora de una “recepción” o una “tolerancia”) y una propuesta de encuentro (personal e intelectual) de los educadores a los educandos, que debe plasmarse desde las políticas educativas de cada jurisdicción, pasando por los diseños curriculares, hasta cada aula concreta.

También implica una actitud activa por parte de los estudiantes. En este sentido, detrás de la queja habitual de los estudiantes acerca de que la escuela es un lugar “pasivo, repetitivo, inútil, aburrido” podemos rescatar elementos para una crítica constructiva, mientras que otros elementos pueden ser contextualizados...

Es válido el planteo acerca de la pasividad de ciertas prácticas... que, en definitiva, no “problematizan” ni cuestionan la realidad (¡con todos los aspectos cuestionables que contiene!). También es contemplable el reclamo acerca de la repetitividad (más allá de la ejercitación necesaria y comprensible), si es que no hubo una instancia de planteo conceptual del problema en cuestión...

En cuanto al reclamo por la “utilidad” (como “sentido” de las prácticas educativas), tiene un fundamento cierto. Durante mucho tiempo, la escuela justificó sus prácticas (más o menos tácitamente), con la “promesa” de una futura utilidad... que no siempre termina verificándose en términos de ascenso social o económico. Hoy en día, muchas veces, la escuela (sobre todo, en su papel de “certificadora” de un capìtal simbólico incorporado) actúa más como “paracaídas” que como “ascensor” o “trampolín”... Quizá sea momento de replantearnos qué herramientas puede proporcionar efectivamente el sistema educativo en sus diversos niveles y modalidades, con la finalidad de asegurar la transmisión de esos saberes y procedimientos que apunten a la inserción laboral y ciudadana de los educandos... y de no repetir una “promesa” de la que el sistema escolar no puede hacerse cargo por sí solo.

Sin embargo el planteo por la “utilidad” también debe ser ubicado en su justa medida. Hay muchos aspectos de la vida cuyo gran valor no se juega principalmente en su “utilidad”, cuyo “sentido” excede a su “aplicación” directa: el juego libre, la amistad, el amor, el arte (en sus variadas formas), la filosofía, la espiritualidad... Estas experiencias ennoblecen y elevan interiormente a la persona y, aunque no se busque inmediatamente en ellas una “utilidad” determinada, suelen producir sus frutos en el largo plazo...

Por otro lado, los centros educativos escolares no pueden ser reducidos a “guarderías” de jóvenes (con el fin implícitamente central de que no estén en la calle, vulnerables a distintos riesgos) o meros “jugatorios” (incluso reconociendo positivamente el justo valor que tiene la necesaria dimensión lúdica, el esparcimiento y el tiempo libre). La educación y el aprendizaje (sobre todo, los formales) suelen requerir de una dosis de esfuerzo que no debe ser “disfrazada” o “disimulada”, al reconocer abierta y sinceramente su necesidad... En este sentido, la educación escolar no tiene por fin primario la diversión o el entretenimiento de los educandos (en la medida que pueda ser divertido o entretenido, mejor, pero no pueden ser estos los grandes objetivos a buscar). Por lo demás, aunque no sean “di-vertidos” (que “diverge”, que “lleva por varios lados”, que “distrae”), un pensamiento elaborado y crítico, la “con-centración” del sujeto, un planteo agudo y sensato, una capacidad nueva y útil, una apreciación valiosa, el afianzamiento y el refinamiento de la propia expresión, etc. verdaderamente construyen a la persona y la fortalecen (la “re-crean”, en el sentido más auténtico de la palabra).

En definitiva, son planteos que bien pueden ser discutidos entre los mismos educadores, primeramente, pero que deben involucrar paulatinamente a toda la comunidad educativa, con el objetivo de lograr la concurrencia de los esfuerzos de todos a un mismo fin: la formación integral de las personas.

Rafael Tesoro

rafaeltesoro@argentina.com

La responsabilidad adulta frente a los jóvenes.

Frecuentemente constatamos con dolor numerosas situaciones juveniles de sufrimiento, dolor, muerte..., sin muchas certezas sobre qué hacer o cómo responder a las mismas: adicciones varias, episodios diversos de violencia juvenil, conductas delictivas y antisociales en menores de edad, actitudes viales decididamente peligrosas...

Los jóvenes, la “porción más valiosa y delicada de la sociedad” (cf. MB, II, 45), parecen encontrarse a la deriva (cuando no son abusados sus derechos), sin contención ni referencias claras.

Frente a esta realidad, algunos abordajes parecen renunciar a la tarea indelegable que le corresponde a la familia, el Estado, o el sistema educativo: Por ejemplo, más allá de los planteos acerca de la reducción de edad de imputabilidad penal, ¿qué concepción de fondo está implícita?¿Qué derechos y qué deberes pueden ser asignados a los 15, 18, 21, 24 años...? Sin un planteo integral y una discusión de fondo sobre este punto, los pedidos de reducción de la edad de imputabilidad penal se limitarían a solucionar el problema de la criminalidad “juvenil” convirtiendo la misma en una variante temprana de criminalidad “adulta”, sin salir de un enfoque esencialmente “represivo” del problema de la seguridad y el delito...

Similarmente, por pensar en otro caso, en torno al problema de las adicciones juveniles, a partir del reclamo legítimo por no “criminalizar” al drogadicto (es decir, no tipificar penalmente su consumo de droga), podría derivarse un “corrimiento” de la autoridad pública, responsable de la prevención y la atención de la salud en amplias capas de la población... Es decir el efecto podría ser, antes que una “despenalización” de determinadas individuales, una “desresponsabilización” por parte de los encargados de dar una respuesta a este tipo de problemáticas...

Mientras se discuten estas cuestiones y se busca la mejor manera de solucionarlas, queda fuera de duda la importancia que cobran las actitudes (y las políticas) preventivas, entendiendo por “prevención” no sólo la mera “imposibilidad” de obrar mal (concepción “represiva” y “negativa” de la prevención), sino como desarrollo y liberación de las propias potencialidades para el bien, inherentes en toda persona (concepción “expresiva” y “positiva” de la prevención), de tal manera que cada joven, llegada cierta edad, sea el primer responsable de sus actos.

Desde esta óptica, hace falta que los responsables adultos (padres y educadores) se aseguren de proporcionar ambientes cuidados, ricos en propuestas alternativas y cargadas de valores, sea en la familia, en los centros juveniles y en las escuelas, en los espacios públicos, etc. ¿Sería demasiado ambicioso reconvertir las “escuelas” en centros juveniles integrales, si los responsables políticos proveen adicionalmente los recursos humanos y materiales necesarios para un aprovechamiento mucho más intensivo de las estructuras ya existentes, con el fin de asistir a la población juvenil en sus necesidades de capacitación, de uso constructivo del tiempo libre, de re-creación en sus tiempos de ocio y juego, etc.?

De otro modo, la falta de propuestas no conduce a la libertad, sino a la desorientación, al no proporcionar referencias válidas (no como límite restrictivo, sino como criterio pensado, reflexionado, para tomar decisiones a conciencia y conducirse en la vida). La capacidad para elegir libremente, de proyectarse a sí mismos en el largo plazo, surge de la variedad de opciones, no de la ausencia de caminos alternativos.

La carencia de criterios elementales de cuidado de sí mismo se refleja también en aquellos festejos de todo tipo en el que no se concibe la posibilidad de diversión sin drogas y/o exceso en el consumo de alcohol (que arrancan desde las mismas “previas”), conductas sexuales en las que se manifiesta cierto descuido o desprecio por sí mismo (exponiéndose a riesgos varios), o los embarazos de niñas-adolescentes.

Por otro lado, le cabe a las autoridades políticas un rol esencial en los ámbitos de la salud (incluyendo la prevención temprana de conductas dañinas), educación (incorporando la capacitación profesional y la formación para el mundo laboral), la creación y regulación del trabajo (por la integración e inclusión social que continúa representando en nuestras sociedades de América Latina y por la creación de riqueza personal y social que implica), la defensa de la institución familiar (facilitando el acceso a la vivienda y asegurando un ingreso digno a los núcleos más vulnerables), la contención, seguridad y promoción social (incluyendo políticas universales e igualitarias para jóvenes, franja etaria socialmente postergada), etc.

A esto debemos agregar, por supuesto, aquellas situaciones en las que los derechos de los menores son directamente vulnerados y en las que el Estado debe intervenir para tutelarlos: violencia familiar, accidentados viajes de egresados (por negligencias en la organización de los mismos), falta de seguridad en la organización de espectáculos deportivos, artísticos, chicos abandonados o en situación de calle, trabajo infantil, prostitución infantil.

De este rápido pantallazo se desprende que la “preventividad”, además de ser una premisa indiscutida en las problemáticas juveniles, es una condición que debe encarnarse en múltiples niveles de la sociedad, más o menos abarcativos. En consecuencia, además de cumplir con la parte que a cada uno le toca, es necesaria una conciencia ciudadana que se haga cargo como sociedad de lo que acontece, no con “los” jóvenes, sino con “nuestros” jóvenes, en una muestra de solidaridad que no sólo es “afectiva” o emocional sino “efectiva” y comprometida.

La preventividad “efectiva” y comprometida apunta esencialmente a que el joven se “apodere” de sí mismo, de sus derechos y de sus obligaciones. En este sentido, es fundamental que los adultos (padres, educadores, funcionarios públicos) se responsabilicen ante ellos con los mensajes que les transmiten, con las actitudes que testimonian, etc. asegurándoles la satisfacción de sus necesidades más elementales y la tutela de sus derechos fundamentales, y, en la medida que los jóvenes van haciéndose capaces de asumir responsabilidades, haciéndoles notar cuáles son sus propios deberes que también los hacen miembros de la comunidad, y no sólo “destinatarios” de la misma. La medida en que un joven es capaz de tomar decisiones por sí solo, de responder (ante sí mismo y, por eso, ante los demás) por sus conductas indicará qué tan eficaz habrán sido nuestras acciones preventivas en formar una persona autónoma, digna, comprometida y solidaria.

Rafael Tesoro

rafaeltesoro@argentina.com

El mundo se hizo bolsa... Y nuestros Valores?

Las “Bolsas” y “mercados” de valores (no son exactamente lo mismo) nacen respondiendo a la legítima necesidad de financiamiento de las empresas para poder seguir produciendo. Esta demanda de capitales halla en los mercados de acciones los fondos ofrecidos para tal fin. Sin embargo, la búsqueda de “rentas fáciles”, asociadas a una lógica especulativa, transforma este tipo de mercados en un “casino” donde es muy habitual la variabilidad de los precios de los activos, alejados de sus fundamentos reales.

Desde fines de 2007, las noticias económicas no cesan de advertir sobre la crisis financiera en EE.UU. La misma se originó en una serie de préstamos hipotecarios de riesgo creciente (sub-prime), alentados por la demanda también creciente de inmuebles, lo cual aumentaba su cotización y empujaba a tomar nuevos préstamos para seguir comprando... La relajada política de regulación financiera propició el crecimiento económico sustentado en este tipo de maniobras. Esta “burbuja” se pinchó cuando el boom inmobiliario halló un techo y hubo que afrontar las deudas: sin demanda adicional de propiedades, su precio comenzó a retornar a un valor más “realista”, dejando un tendal de deudas por pagar (y acreedores preocupados por sus deudas incobrables y la devaluación de sus activos). El “apalancamiento” del sistema financiero, que infló la burbuja en su momento, arrastra ahora al sistema en su conjunto.

Esta crisis fue denominada NINJA (por sus siglas en inglés, “No Income, No Job, no Assets”, caracterizando a los destinatarios de los créditos riesgosos, “sin ingresos, sin trabajo, sin activos”) y “efecto jazz” por nuestra Presidenta en referencia a su origen, la primera economía del mundo. Y mientras los financistas hacían piruetas bursátiles como ninjas al ritmo del jazz, fermentaba la crisis actual, que amenaza hoy con dejar a muchas familias sin vivienda, cerrar numerosas firmas, aumentando el desempleo, y destruir ahorros de trabajadores, jubilados y ciudadanos en general.

La economía norteamericana ha crecido desmesuradamente en base a un consumo (¿O consumismo, más propiamente?) acelerado por el crédito y el respaldo de los inmuebles sobrevaluados. A la preocupación ética que genera el consumismo (por su impacto en la vida personal), se le agregan hoy cuestiones ecológicas y de justicia:

Si todo el planeta consumiese bienes y servicios como lo hace EE.UU. se necesitarían entre 3 y 5 planetas Tierra para extraer los recursos necesarios (y descartar los residuos y productos obsoletos)[1].

Por otro lado, solucionar el problema del hambre en el mundo (“la compra de alimentos y su traslado a zonas afectadas”, y “generar las condiciones para que se produzcan alimentos en esas regiones por años, o en sitios más cercanos”) costaría alrededor de us$ 175.000 millones[2], una cuarta parte del “salvataje” aprobado por el Parlamento de EE.UU. para comprar las “deudas incobrables” de los bancos más comprometidos (us$ 700.000 millones). Similar resultado podría alcanzarse con una “reducción del 1% del gasto militar mundial”[3]

Recordemos además del rescate de Bear Stearns, los “gigantes hipotecarios” Fannie Mae y Freddie Mac, los numerosos intentos de la Reserva Federal de calmar los mercados financieros inyectando dinero fresco, la nacionalización de la aseguradora AIG (us$ 85.000 millones)[4], las nacionalizaciones de bancos, sin contar las entidades que cayeron efectivamente (como la famosa Lehman Brothers), o las acciones que están emprendiéndose en otras naciones (Europa ha aprobado un plan de rescate que casi triplica al ambicioso plan de EE.UU....!)

A la angustia comprensible por el peligro del que se pretende salvar a la economía y a los fuentes de trabajo de muchísimas personas en EE.UU., se le suma el dolor que surge del contraste... Porque en definitiva se transfiere a los ciudadanos contribuyentes el peso de las malas decisiones, movidas por la codicia y el afán de “renta fácil”... Porque se “socializan” las pérdidas, cuando hasta hace poco las ganancias eran “privadas”, sin posibilidad de discutir la redistribución de los ingresos... Porque hace mucho tiempo que grandes masas de personas empobrecidas y sumidas en la miseria y la indigencia vienen reclamando “auxilio”, sin ser escuchadas ni que se emprendan gigantescos operativos de rescate por ellos... Pensemos que los Objetivos de Desarrollo del Milenio[5] (el primero de ellos apunta a reducir a la mitad la proporción de personas que sufren hambre), fijados por la ONU en el emblemático año 2000, están lejos de cumplirse en 2015, tal como se había planeado...

¿Y entre nosotros? ¿Cómo va a impactar esta crisis? Por de pronto, al aumento de la pobreza que ya experimentamos desde 2007, probablemente debamos agregarle una baja del empleo, quizás temporaria, y de la producción, al enfrentar un contexto externo menos benevolente que el de los últimos años.

¿Qué lección nos deja este temblor financiero internacional? Que el manejo de las finanzas son un tema delicado, que exige responsabilidad y criterio a la hora de tomar decisiones: A nivel personal, como cuando uno toma una deuda con sensatez, para tratar de ampliar las propias capacidades en el largo plazo, o como cuando se presta dinero, buscando que el acreedor sea honesto y atento a sus compromisos. A nivel social, como cuando el Estado se endeuda intentando generar mejores oportunidades de desarrollo para sus ciudadanos, o como cuando se invierte en oportunidades que, si son serias, suelen exigir sus tiempos de maduración...

En ambas instancias, la facilidad que representa la posibilidad de financiarse o invertir fondos excedentes no debe engañarnos ni ocultar la realidad profunda que implica el esfuerzo requerido en definitiva para honrar las obligaciones contraídas, ya que la fuente última de todo ingreso es el trabajo de cada uno de nosotros... La “libertad” que supuestamente tienen los agentes económicos en un sistema capitalista debe ser bien utilizada, como en otras instancias de la vida, es decir con criterio, sabiendo “pesar” las consecuencias de nuestras decisiones y haciéndonos cargo de las mismas.

En este sentido, a los dirigentes de nuestra sociedad (políticos, en primer lugar, pero también referentes sociales, empresarios, sindicales, religiosos) les corresponde reflexionar con seriedad sobre esta crisis, actuar en consecuencia y/o iluminar con un mensaje claro sobre este problema... con la intención de preservar el empleo, de rescatar a los caídos del sistema, a los que han “perdido” en un juego que muchas veces no eligieron jugar, de establecer reglas claras en torno al funcionamiento de los mercados financieros, buscando que el capital (y la economía en su conjunto) esté al servicio del hombre, y no al revés...

Mientras los gobiernos preparan sus economías para una crisis que ya se instaló, no perdamos de vista al trabajo, al amor, la justicia, la paz, la solidaridad...los Valores que no se nos pueden hacer “bolsa”...

Rafael Tesoro

rafaeltesoro@argentina.com



[1] Es muy recomendable ver “La Historia de las Cosas”, un excelente video disponible en www.youtube.com: http://www.youtube.com/watch?v=x5NVqDPYKjg&feature=related

[4] A título de comparación aproximada, el PBI de Argentina en 2007 (el total de la riqueza generada en el país en ese año) fue de US$ 280.000 millones, y su deuda pública es de us$ 180.000 millones.

Hablemos de la pobreza.

Día a día, vemos cómo los pobres son objeto de comentarios y análisis varios. De hecho, solemos hablar de “opciones preferenciales por los pobres[1]”. Pero, ¿cómo podemos determinar, con cierto criterio, la “pobreza” de un individuo o de un grupo humano?

Existen varios enfoques: es bastante conocido el método “directo” de las Necesidades Básicas Insatisfechas[2], considerándose como “pobre” a aquel individuo cuya familia no llega a satisfacer alguno de los requisitos considerados. En este sentido, la probable extensión de la obligatoriedad a la educación secundaria-polimodal reconocería próximamente la “pobreza” de los hogares con jóvenes que no concurren a la escuela, una situación que hoy no se consideraría en las cifras...

Todavía más conocido es el método (al que podríamos llamar “indirecto”) de las líneas de indigencia y pobreza: a través de diversos cálculos, se llega a un monto considerado suficiente para alimentar al grupo humano que se considere, por lo general, dos adultos y dos menores. Así se llega a la cifra que marca el límite hipotético de la “línea de indigencia” (hoy por hoy, ronda los $400 para una familia tipo). Multiplicando este número por un coeficiente (que mide la relación entre gastos no alimentarios y alimentarios) se llega a otra cifra que marca la “línea de pobreza” (actualmente en torno a los $900 para el mismo grupo al que hacíamos referencia), es decir, el monto mínimo que ese mismo grupo humano necesitaría no sólo para alimentarse, sino además para algunas otras necesidades como vestirse, movilizarse, etc. De esta manera, se estima actualmente que un 11,2% de la población argentina es indigente (4,3 millones de personas), mientras que un 31,4% es pobre (12,1 millones de personas).

Es necesario aclarar que esta metodología es bastante cuestionada, ya que muchos de las consideraciones y cálculos están hechos en base a costumbres y pautas de hace 20 años atrás, por lo que se cree que estas cifras no llegan a expresar los recursos que verdaderamente se precisarían para cubrir las necesidades apuntadas.

Así, desde sectores no gubernamentales, se hacen estudios sobre la “canasta familiar”, esto es, el monto que realmente precisa una familia tipo para satisfacer todas sus necesidades (incluyendo el acuciante problema de la vivienda, la salud, las comunicaciones, acceso a la cultura, etc.) y continuar con su vida cotidiana: La cifra se estima cercana a $2200...

Aún así, estas cifras (tan cuestionadas) pueden servir como punto de apoyo para hacer una comparación o un seguimiento en el tiempo: Podemos apreciar que hubo un pico en los indicadores de pobreza e indigencia en el año 2002, en plena crisis, para luego ir disminuyendo (ver gráficos). Esta disminución ya se está frenando y está volviéndose más difícil la futura reducción de la pobreza en la Argentina.

Otro aspecto a señalar es que todos estos indicadores consideran a la pobreza como un dato “absoluto”: se es “pobre”, o no, sin relación a la situación de los demás. Podríamos considerar de qué manera se forman socialmente las necesidades, y pensar que uno percibe e interpreta su situación en “relación” a la situación de los demás[3]. La consideración “relativa” de la pobreza nos introduce a la crucial discusión por la distribución del ingreso en la Argentina, y a la realización de la equidad como valor ético y político. Cuando la mejoría económica no empieza por los más postergados, se agrava la pobreza “relativa”...

Esta discusión es muy importante en nuestro país. En primer lugar, porque somos parte de América Latina, y nuestro sub-continente es el más desigual del mundo, incluso más que África (es uno de los efectos “perversos” de la pobreza: en África, continente más pobre en términos absolutos, el ingreso está más igualmente repartido). Pensemos las “fotos” concretas de la pobreza, tan conocidas en nuestra sociedad (¿las “re-conoceremos” cabalmente algún día?): El auto importado circulando al lado del cartonero, la “villa miseria” a pocas cuadras del country-barrio privado, el pequeño trabajador rural dificultado ante las grandes corporaciones y los grandes latifundios, circuitos diferenciados de educación con escuelas para pobres y escuelas para ricos. La ostentación de riqueza muy cerca de las necesidades largamente postergadas. Asumámoslo: como sociedad, nos hemos acostumbrado a mirar a la pobreza y a la escandalosa desigualdad con ojos rutinarios... sin asombrarnos ya más.

Diversas medidas estadísticas[4] muestran cómo la sociedad argentina ha perdido características que supieron enorgullecernos sanamente: cierta “cercanía” social y económica entre los distintos sectores sociales, clases “medias” más robustas que las actuales, etc. Si bien nunca nos caracterizamos del todo por una clara cohesión o por una notable movilidad sociales[5], podemos concluir que ahora estamos más lejos de poder lograr esta condición básica para el desarrollo de cualquier nación. En efecto, desde la década del ’70, se ha perdido, sin prisa pero sin pausa, cierta equidad que nos destacaba dentro del continente sudamericano. La desigualdad económico-social fue acentuándose, con algunos vaivenes y un “salto” transitorio pero fuerte en la hiperinflación de 1989, desde entonces hasta la fecha. Hoy, el 10% más rico del país percibe más de 30 veces lo que percibe el 10% más pobre...

Todavía podemos establecer otra perspectiva para estudiar la pobreza, si introducimos una definición “subjetiva” de pobreza: “pobre” es la familia que considera que sus ingresos no llegan a cubrir sus necesidades básicas o cuyos ingresos no llegan a una cifra estimada por encuestas (realizadas en la misma población) como necesaria. Esta perspectiva, si bien pierde objetividad, restituye una valiosa dimensión de los individuos como “sujetos”, capaces de vivenciar las situaciones de un modo muy personal.

La pobreza tiene “rostros” concretos de excluidos que acentúan la condición que atraviesan: la pobreza tiene cara de mujer (para casi cualquier categoría ocupacional, la mujer gana menos que el varón por igual tarea, sufre aún más en el interior de los hogares machistas), la pobreza tiene cara de niño, de joven (en el interior de las familias podríamos estudiar cómo se reproducen patrones de marginación y postergación en la distribución “familiar” del ingreso, de trabajo infantil), la pobreza tiene cara de aborigen (ignorados social y culturalmente desde hace tanto tiempo), y así podríamos seguir...

Las personas pobres son las que más sufren problemáticas que a veces suelen ser consideradas como preocupaciones de otros sectores sociales: Los problemas ecológicos impactan sobre todo en la salud de los sectores más humildes, la falta de seguridad se lleva vidas de jóvenes pobres (incluso en asaltos de muy poca monta), la ausencia de controles atropella los derechos y la integridad de los sectores más populares, como pasa en muchos espectáculos deportivos o artísticos, actividades masivas, etc.

Para combatir la pobreza, hacen falta acciones en distintos planos:

  • desde la asistencia directa a quien atraviesa necesidades urgentes,
  • pasando por la educación, la formación, la capacitacion de las personas,
  • hasta llegar a la instancia de las decisiones políticas, de las reformas más estructurales.

Dependiendo cómo entendamos la “pobreza”, podemos registrarla de distinta manera, y diseñar políticas alternativas para paliarla: la creación de un ingreso “ciudadano” (no “laboral”), el retorno de un Estado cuya acción sea redistributiva, una reforma tributaria (que golpee menos los bolsillos de los consumidores, en especial los más desfavorecidos), una acción más eficaz en salud y educación públicas, planes de vivienda, créditos “blandos” o subsidios a actividades estratégicas o creadoras de empleo...

El año que viene es un año de elecciones: Sería bueno que, como ciudadanos, crezcamos en conciencia política y tomemos nuestras opciones con un criterio social, buscando genuinamente el bien común. Cuando votamos, no podemos hacerlo como si fuese una opción estrictamente “individual”, como cuando compramos un producto en el mercado. En este sentido, votar no es una simple “expresión de preferencias particulares”, sino una decisión del pueblo como tal. Es importante, por lo tanto, que tengamos a nuestros hermanos (y ciudadanos) necesitados presentes, no sólo en nuestros emprendimientos solidarios, sino también a la hora de evaluar las distintas alternativas políticas que se nos presentan.


Rafael Tesoro

rafaeltesoro@argentina.com



[1] Es cierto que la “pobreza” de esta opción preferencial no es exclusivamente económica, pero en este artículo me referiré primordialmente a ella.

[2] A saber: 1) Hacinamiento: hogares con más de tres personas por cuarto, 2) Vivienda: hogares que habitan una vivienda de tipo precario; 3) Condiciones sanitarias: hogares con abastecimiento inadecuado de agua; 4) Asistencia escolar: hogares que tienen al menos un niño en edad escolar que no asiste a la escuela, 5) Capacidad de subsistencia: hogares que tienen cuatro o más personas por miembro ocupado, cuyo jefe no hubiese completado el tercer grado de escolaridad primaria. Cf. INDEC (2003), Mapa de Necesidades Básicas Insatisfechas

[3] Esto no tiene nada que ver con la envidia como actitud humana...

[4] La más conocida es el índice o coeficiente de Gini: varía entre 0 (perfecta igualdad) y 1 (un solo poseedor de la riqueza)

[5] Cf. A. Ferrer, La Densidad Nacional, Ed. Capital Intelectual, Bs. As., 2004

¿Se trabó el trabajo?

El valor del trabajo

Claramente, el trabajo es valioso, en sí mismo. Lejos de ser un “castigo”, forma parte de la digna condición del hombre (Gn. 1, 28; 2,15). En primer lugar, salta a la vista el valor económico que tiene para el individuo que trabaja, el valor de la legítima remuneración, en la medida que es la fuente primaria de ingresos para poder cubrir las propias necesidades. No debemos obviar, más allá de lo económico, el desarrollo personal que implica el trabajo, la realización de las propias potencialidades.

A nivel social, también es altamente deseable que haya un elevado nivel de empleo. Ya A. Smith, el padre de la Economía Política, planteaba en el siglo XVIII que el origen de “la riqueza de las naciones” se debía básicamente al trabajo de su población. Además, hay que tener en cuenta el desarrollo científico, técnico, cultural, social, político que genera la actividad productiva del ser humano.

Hay muchos factores que influyen en la proporción de empleo en una sociedad, pero básicamente puede destacarse que, por un lado, cuantas más personas estén económicamente activas en una población, y, por el otro, cuanto mejores sean las expectativas para esa economía (en esto influyen ciertas condiciones sociales y políticas básicas para el desarrollo económico, como la cohesión y la movilidad social, la calidad en los liderazgos, etc.), más empleo habrá en esa sociedad y más se desarrollará económicamente. La efectiva distribución del ingreso es causa y efecto de lo anterior, por lo que debe buscarse una complementación entre crecimiento y reparto de la riqueza.

No debe olvidarse que, el mejor activo que un país puede tener a su favor es una población sana, territorialmente distribuida, educada y trabajadora. En este sentido los Centros de Formación Profesional constituyen una experiencia invaluable, por los beneficios directos que representan, y por los beneficios indirectos que reportan a la comunidad en la cual están insertos. Por otro lado, recuperan una rica tradición salesiana comprometida con el campo popular y el mundo del trabajo. Recordemos las numerosas escuelas agrotécnicas, o las escuelas de artes y oficios.

El trabajo y la inserción social

En los países de América Latina, se privilegia la inserción social por el trabajo, sobre todo por el vínculo que se establecía con una “corporación” (sindicato, gremio, consejo profesional, obra social, etc.) que incluso llegaba a dar un sentido de identidad. Esta inclusión se extendía por vía familiar a los más allegados.

Planteadas así las cosas, en principio harían falta políticas de promoción y apoyo al trabajo, desde la misma regulación del mercado laboral y la protección integral del trabajador, hasta un salario que represente un poder adquisitivo real significativo (analizando la distribución “funcional” o “sectorial” del ingreso, los ingresos “salariales” representan el 40 % del total de los ingresos generados en el país). También se necesitarían políticas de promoción y apoyo a la familia, como ser facilidades para el acceso a la primera vivienda de las parejas jóvenes, selección prudente y juiciosa de los mensajes y los contenidos emitidos en los Medios de Comunicación Social, contemplaciones especiales por maternidad y atención a los niños (no se suele considerar el inmenso beneficio social que representa el adecuado cuidado doméstico de los niños de muy corta edad), etc.

Finalmente, habría que asegurarse que la distribución de los beneficios al interior de la familia sea equitativa y solidaria (tratando de no postergar a los menores y/o a las mujeres, etc.), aspecto que no siempre ha sido tenido suficientemente en cuenta.

Actualidad laboral

Hoy en día, en la Argentina se puede ver una “brecha de calificaciones”: hay un mercado laboral calificado que está virtualmente en pleno empleo (prácticamente sólo hay un desempleo “friccional”, aquel que se manifiesta en el tiempo durante el que se cambia de trabajo, o se toma distancia por algún motivo puntual), mientras que en el empleo no calificado se sigue manifestando un núcleo duro de desempleo (básicamente “no calificado”, es decir, sin educación terciaria) del orden de 8,5 % de la población económicamente activa (un 45,6 % de la población total, lo que indica que 42,1 % de la población total está “ocupada”).

Estas cifras sintetizan muchísimas situaciones personales concretas, a las que podemos ponerles rostro concreto también: los jóvenes, las mujeres, aquellos que se han caído del sistema educativo formal obligatorio (secundario-polimodal incluido).

Nuevas carencias

Sin embargo, lo más llamativo hoy en día, es un fenómeno nuevo y preocupante: si bien podemos confiar en que el desempleo ha bajado sensiblemente en los últimos años (aunque está frenándose el ritmo de creación de empleos), en el 2007, ha habido generación de pobreza (según las estimaciones privadas que consideran una inflación más creíble que la divulga el INDEC), rompiendo la tendencia de los años 2003-2006 en los que también la pobreza había disminuido. Se estima actualmente que un 30 % de la población es “pobre”, o sea, 12.000.000 argentinos no podrían comprar los bienes y servicios básicos, cuya canasta está valuada (según algunas estimaciones) en $1.500 (aprox.) para una familia de cuatro personas, lo que representa un aumento en su valor de 25% para el año. De estos, según las estimaciones del Gobierno (las más optimistas, tanto que muchos descreen de ellas), al menos 2.500.000 ni siquiera llegan a cubrir satisfactoriamente sus necesidades alimentarias. De hecho, hace poco, bajo la consigna “El hambre es un crimen”, se difundió el escalofriante dato, pero real, de que 25 chicos menores de 5 años mueren por día, de hambre, en una Argentina con capacidad para producir alimentos para 400 millones de personas.

En otras palabras, sorprendentemente, hoy es posible estar ocupado y seguir siendo pobre (poco más del 25% de los trabajadores no logra superar la línea de pobreza). El trabajo ya no tiene la fuerza que tenía antes como factor de inclusión e integración social. Es uno de los fenómenos incluidos en lo que se conoce como “nuevas pobrezas”. Concretamente, esto se debe a los trabajos precarios, mal pagos (cerca de un 40% de los ocupados tienen un trabajo pagado por debajo del mínimo), inestables, poco regulados/protegidos, numerosos casos de subempleo (trabajos en los que se trabaja en total menos de 35 horas semanales, y se desearía trabajar más). Así las cosas, muchas personas podrían estar agregándose al mercado laboral “añadidas” por necesidad familiar, antes que “alentadas” por las buenas condiciones, expectativas favorables, etc.

Asistencia, inclusión y promoción

Los años inmediatamente posteriores a la gran crisis social vieron surgir una multitud de subsidios a personas carenciadas, bajo distintos nombres. A fines de 2007, por ejemplo, casi 1.500.000 personas recibían una ayuda de $150 (cifra que ha quedado bastante diluida, considerando la inflación habida entre 2002 y lo que va de 2008): Estos planes son medidas asistenciales, que, si bien son necesarias en lo inmediato, en la medida que estén bien focalizadas hacia los más necesitados, no alcanzan para restituir la dignidad subjetiva, en el orden personal, ni llegan a constituir una salida de largo plazo, en el orden socioeconómico.

El plan asistencial básicamente es una “ayuda” que se le da a una persona, debido a su condición de “carenciado”, es un “parche” a un “régimen de bienestar” (basado fuertemente en el trabajo y la familia) que no supo contener a este “caído” del sistema. Sin embargo, muchos postergados de hoy en día forman parte de una “masa marginal”, que no es tenida en cuenta por el mercado laboral ni siquiera a los efectos de disminuir el salario real (como sucedía con el clásico “ejército industrial de reserva”). No olvidemos agregar las numerosas “marginalidades” que se establecen por edad (jóvenes, jubilados), por sexo, por nacionalidad, por adicciones (alcohol, drogas), por condición sociocultural, racial, etc. y veremos seriamente lesionado el principio democrático de la equidad.

Dada la actual dinámica social, laboral, económica y política, cabría explorar otras alternativas, otro “regímenes de bienestar”. En los países anglosajones, por ejemplo, se le da primacía al mecanismo de mercado para resolver el problema de la inclusión: uno está incluido en la medida que está insertado en los circuitos de producción y consumo. Otra experiencia, quizás más interesante y útil para nosotros, aunque difícil de implementar, es el modelo escandinavo (Suecia es el país que suele citarse como ejemplo). En este modelo, las personas son incluidas socialmente por ciudadanía (no por “necesidad” puntual del potencial beneficiario), es decir, hay una gran presencia del Estado, a la hora de cobrar impuestos, en primer lugar, y también a la hora de brindar bienes y servicios de calidad (empezando por la salud y la educación públicas), en forma equitativa y solidaria a amplias capas de la población, más allá de su cercanía familiar o legal con un trabajador, a la hora de asegurar un ingreso más uniforme, que atenúa las desigualdades, etc.

Mientras seguimos intentando mejorar el nivel y la calidad de empleo, y la solidez de la familia, ejes vertebradores de nuestra sociedad, también deberíamos reflexionar sobre la conveniencia de reforzar la dimensión “ciudadana” de las políticas públicas, destinadas a la atención general del común de la población, más allá de las acostumbradas acciones “asistenciales”.

Rafael Tesoro

rafaeltesoro@argentina.com

Julio de 2008

Fuente de los datos: diario Clarín y RSH-Macroeconomica

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