Democracia, República, Federalismo...
En estos días en que la carrera electoral se acelera y toman más velocidad las declaraciones, los ataques y las propuestas, tuve la ocurrencia de leer
Democracia es más que “votocracia”
Es sabido que la palabra democracia proviene de los griegos: por etimología (“demos” significaba pueblo, y “kratos”, poder), y por experiencia histórica, ya que en la Atenas del siglo V a.C. germinó una experiencia novedosa de debate, argumentación y decisión compartida, en medio de un ambiente rico de artes, cultura, filosofía y educación. En definitiva, una democracia directa[1]. Cabe señalar (como una crítica no menor) el carácter “acotado” de esta experiencia: acotado geográficamente a la ciudad-estado (“polis”, de aquí viene la palabra “política”), y acotado socialmente, ya que no cualquiera podía participar libremente de la asamblea o ecclesia(de aquí proviene el término “Iglesia”): Había que ser un ciudadano libre, varón, ateniense, mayor de 20 años.
Con el moderno fenómeno de las sociedades de masas, surge la democracia indirecta, cuyo componente esencial pasa por la “representatividad”. El cumplimiento formal del voto (caracterizado mayormente por ser igual, universal, periódico, no siempre por ser secreto y obligatorio), permite caracterizar a una “forma” de gobierno como democrática.
Sin embargo, la democracia sustantiva, como régimen político integral, es bastante más que lo ya mencionado. De hecho, el término “democracia” recién es mencionado tímidamente en la Constitución a partir del año 1949, y sólo desde 1994 toma mayor peso constitucional. En la última reforma de la Carta magna, se introducen dos mecanismos de democracia participativa o semi-directa: la iniciativa popular (para presentar proyectos de ley) y la consulta popular (vinculante o no vinculante). La Ciudad de Buenos Aires, incluso, incorpora un tercer mecanismo, la revocatoria popular del funcionario electo.
La democracia política debe llegar a conformar un “estilo” de gobierno, que sea tolerante y pluralista.
La democracia también debe ser social, en el sentido de que se permitan y se fomenten las asociaciones intermedias, de que se respete la democracia interna de cada organización social.
Finalmente, la democracia política reclama cierta democracia económica, entendida como un reparto igualitario de la riqueza, una distribución equitativa del ingreso, etc.
República es más que “división de poderes”
También es sabido que la “república” viene de
Sin embargo, y nuevamente, no podemos quedarnos sólo con esto. El “espíritu republicano” también reclama una nota de igualdad. Para empezar, igualdad jurídica, es decir, ante la Ley, pero también política, social, cultural, con respeto a todos.
La periodicidad en el ejercicio de los cargos públicos es otro de los criterios que hacen a la república, ya que el ciudadano no debe intentar perpetuarse indefinidamente en el poder, sin ningún tipo de restricciones, a causa de las distorsiones y desequilibrios que terminarían generándose.
La publicidad de los actos de gobierno es una obligación de los funcionarios, no en el sentido de que hagan “propaganda” de su gestión, sino de que, efectivamente, hagan públicas sus decisiones y sometan esa información a consideración del pueblo.
Quizás, una de las mayores ventajas de la república es que permite, mediante un adecuado funcionamiento institucional, buscar metas de progreso y desarrollo (gracias a la sanción de legislación adecuada, la ejecución de políticas adecuadas, controladas por los legisladores y por los ciudadanos, etc.). Es decir, no consiste sólo en garantizar jurídicamente el respeto por las “reglas de juego”.
Federalismo es más que “regionalismo”
En tercer lugar, más allá de la forma de gobierno, el Estado argentino asume una forma federal. Esto significa que, en cuanto a la distribución territorial del poder, presenta varios niveles, lo cual le permitiría, en principio, atender a las necesidades locales más adecuadamente que un estado unitario o un estado regional.
Sin embargo, la estructura planteada por la Constitución permite atender mejor a las problemáticas de conjunto que una confederación de Estados, por ejemplo.
Esto significa, en principio, que una correcta comprensión de estos planteos llevaría a diferenciar qué asuntos deben ser, principalmente, competencia del Estado Nacional (dotado de soberanía), como, por ejemplo, las relaciones internacionales, los problemas relativos a la equidad, al desarrollo social, etc., y qué problemas deben ser, prioritariamente, objeto de estados más “locales” (provincias, municipios) como aquellos relativos a la eficiencia (al estar más “cerca” de las necesidades concretas y conocerlas mejor), al crecimiento económico, etc. Queda claro, obviamente, que igualmente haría falta una adecuada coordinación de los diversos niveles estatales, ya que las responsabilidades señaladas son concurrentes y no excluyentes.
En estos meses de campaña electoral, un compromiso ciudadano es interesarnos y responsabilizarnos por las decisiones que tendremos que tomar en el cuarto oscuro.
(Para profundizar, ver Carnota, Walter, Instituciones de Derecho Público, La Ley, Bs. As., 2005)
[1] J. Rousseau (y detrás de él, nuestro
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